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La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) solicita la retirada de los artículos 2 y 3 del Real Decreto Ley 29/2020, del 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las sociedades científicas en su conjunto, y a través de FACME, han liderado el desarrollo de las especialidades médicas en España, han profundizado en el conocimiento de las materias que las sustentan, han velado por la formación de los nuevos especialistas mediante el sistema MIR y han colaborado para difundir el conocimiento protagonizando la formación continuada mediante cursos y reuniones científicas, contribuyendo de esta manera a que los médicos españoles se encuentren entre los más reconocidos de la Unión Europea. Toda esta labor se ha venido realizando sin que, hasta la fecha, la administración haya sido capaz de reconocer de forma institucional el liderazgo científico indiscutible de las sociedades científicas mediante la regulación de su actividad.
Desde el inicio de la crisis sanitaria y social ocasionada por la pandemia COVID-19, tanto FACME como el resto de las organizaciones científicas que representa se han ofrecido a las autoridades sanitarias, y en especial al Ministerio de Sanidad, como interlocutores para asesorar y apoyar las medidas de gestión en base a criterios clínicos y científicos. Se han mantenido reuniones con representantes de partidos políticos, tras la clamorosa exclusión de FACME en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y con los responsables del Ministerio, incluido el propio ministro a finales de agosto, para ofrecer una vez más nuestro esfuerzo en todo lo necesario. En ningún momento los representantes del Ministerio nos trasladaron la intención de realizar cambios como los recogidos en el Real Decreto.
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El Foro de Médicos de Atención Primaria ha rechazado "en su totalidad" el contenido del Real Decreto-Ley 29/2020 sobre teletrabajo, homologación de títulos extracomunitarios y contratación de médicos sin especialidad para la realización de tareas propias de médicos especialistas en Atención Primaria. El Foro considera que "esto es, de nuevo, una forma de menosprecio a la Atención Primaria".
Reunido telemáticamente el pasado 7 de octubre, el Foro ha analizado el contenido del RD 29/2020 y los motivos que han llevado a la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a la convocatoria de huelga. El Foro ha expresado que comparte la "preocupación" del Foro de la Profesión Médica.
Asimismo, las sociedades constituyentes del Foro exigen que la formación en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría de Atención Primaria "ocupe un mayor peso en la formación universitaria de los futuros médicos" y reivindican "el papel central que tienen ambas especialidades en el Sistema Nacional de Salud en una jornada celebrada el día 8 de octubre".
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) valora con cautela la carta del Ministerio de Hacienda al distintas profesiones sanitarias, en la que subraya que el Ejecutivo no tiene por qué aplicar la sugerencia de subida del IVA al 21% que parecía desprenderse de un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En la respuesta de Carlos Moreno, director de gabinete de la ministra de Hacienda, transmite que las “especulaciones” en los medios de comunicación son habituales en fechas cercanas a los presupuestos. La carta plantea que la reflexión sobre las exenciones y los tipos reducidos en el IVA parte de las conclusiones de un estudio de la AIReF donde se analizan los beneficios fiscales presentes en el sistema tributario y asegura que estos estudios suelen formar parte de los documentos de trabajo del Gobierno de España, con el objetivo de tomar futuras decisiones, pero “no significa que las sugerencias que se indiquen tengan que se aplicadas por el Ejecutivo”.
La respuesta del Ministerio va más lejos y recuerda que de acuerdo con la Directiva del Consejo de Europa relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, “está exenta de IVA la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios” y que se trata de una “exención obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea”. El director de gabinete de la ministra María Jesús Montero transmite el “compromiso firme del Gobierno de España por seguir trabajando para que ninguna persona ni ningún sector se queden atrás”.
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España se había comprometido a sacar del riesgo de pobreza y exclusión social a 1,5 millones de personas en el marco de la Estrategia Europa 2020. Con un plazo de diez años, no sólo no ha reducido su pobreza, sino que ahora hay casi 200.000 personas más en este umbral sin tener en cuenta los efectos de la crisis provocada por el coronavirus.
El objetivo de esta estrategia era claro: reducir en 20 millones la población pobre en la Unión Europea, lo que implicaba que España debía bajar a 9,5 millones las personas que viven en riesgo de pobreza. En 2010, cuando comenzó el plan, había 11.675.000 españoles en este umbral y, al cierre de 2019, eran 11.870.000.
La conclusión, según el informe presentado este miércoles por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), es que ha sido un fracaso estrepitoso. “No hemos cumplido, el año pasado teníamos más personas pobres; no nos queremos imaginar tras la pandemia”, dijo Carlos Susías, presidente de la organización a nivel europeo.
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