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Ante la segunda ola de la pandemia por COVID-19 en España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) considera que ésta se encuentra descontrolada y que para hacer frente a esta situación son necesarios una estrategia y marco jurídico común que conjugue un tratamiento social con una perspectiva más a largo plazo.
Por ello, la Comisión Asesora COVID-19-OMC publica su décimo informe con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual y una serie de recomendaciones o líneas de actuación básicas para evitar un nuevo colapso sanitario y social en el corto, medio y largo plazo que proteja el Sistema Nacional de Salud.
El informe pone de manifiesto la necesidad de trabajar para superar algunas de las barreras a las que se enfrenta actualmente nuestro país como son: lagunas de conocimiento, marcos institucionales imperfectos, un clima político crispado, y una conciencia social inestable e inconsecuente.
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Desde las Vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han emitido un comunicado donde anuncian que comparten la preocupación del Foro de la Profesión Médica (FPME) sobre el Real Decreto 29/2020 que ha llevado a la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM a la convocatoria de huelga).
“Queremos solidarizarnos con cuantas reivindicaciones, peticiones y recomendaciones se han formulado desde el Foro de AP en la que se encuentran integrados todos los grupos representativos de la profesión médica que trabajan en la AP y compartimos su preocupación y la del Foro de la Profesión Médica por la situación en relación al Real Decreto 29/2020 que ha conducido al actual conflicto laboral”, aseguran en el comunicado.
Las condiciones laborales y profesionales “de nuestro ejercicio son cada vez más deplorables, decepcionantes y destructivas para nuestro primer nivel asistencial. La población echa de menos a sus médicos de familia y para ello es necesario un trabajo digno y con unas condiciones aceptables para poder desarrollar sus funciones”, manifiestan.
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El Gobierno quiere promover un acuerdo nacional por la ciencia y la innovación y propone que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024.
Así lo recoge el documento 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' del Ministerio de Ciencia, en el que se aboga por reforzar, "en la misma proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención" a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, apuesta por que, en caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I "no se reduzca en valor absoluto".
El documento, recogido por Europa Press, propone que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) "dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su dirección estratégica y funcionamiento estén basadas en la excelencia científica e innovadora".
"Que la distribución competencial, sea cual sea ésta, garantice la dirección estratégica común y la óptima coordinación entre estos organismos y con los propios de las comunidades autónomas", añade la propuesta del departamento que dirige Pedro Duque.
El CGCOM incide en la importancia de abordar el cambio climático en las estrategias de salud pública
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En el marco de la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático este sábado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) alerta sobre la influencia que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas, los sectores económicos y el bienestar humano, lo que conlleva un grave problema de salud pública.
Este sábado se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de movilizar y sensibilizar a millones de personas de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático y el grave peligro que conlleva el calentamiento global.
Una Declaración aprobada en la Asamblea General hace justo un año hacía hincapié en que la profesión médica tiene la obligación de trabajar con las instituciones sanitarias y las administraciones con el objetivo de adoptar políticas sobre el clima, instar a cambios en los estilos de vida, tratar de crear conciencia profesional y pública sobre la importancia del medio ambiente, fomentar la formación médica en medio ambiente y salud pública y la educación para la salud, instar a la investigación en cambio climático, y ser modelos a imitar en su esfuerzo para disminuir las emisiones de carbono, en línea con los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS 2030).
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