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El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción Mental, unos fondos que estarán gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA. El acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, los fondos servirán "para impulsar las acciones" del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 que tiene como objetivo "afrontar los efectos en la salud mental de la población generados por la pandemia" mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS.
En concreto, las acciones cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e INGESA se llevan a cabo a través de seis líneas de actuación encuadradas en la optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS dentro de lo que se encuentran, por ejemplo, mejoras en transformación digital.
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ONUSIDA, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios han puesto en marcha una alianza mundial para garantizar que ningún niño que viva con el VIH se vea privado de tratamiento para 2030 y para prevenir nuevas infecciones infantiles.
Esta nueva alianza, anunciada durante la Conferencia Internacional sobre el Sida, que se está celebrando en Montreal (Canadá), también incluye movimientos de la sociedad civil, como la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH, gobiernos de los países más afectados y socios internacionales, como el PEPFAR y el Fondo Mundial.
Doce países se han unido en la primera fase: Angola, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC), Kenia, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
La alianza ha identificado cuatro objetivos principales: cerrar la brecha de tratamiento y amamantar a las adolescentes y mujeres que viven con el VIH y optimizar la continuidad del tratamiento; prevenir y detectar nuevas infecciones por el VIH entre las adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes; acceso a las pruebas, tratamiento optimizado y atención integral para los bebés, niños y adolescentes expuestos al VIH y que viven con él; y abordar los derechos, la igualdad de género y las barreras sociales y estructurales que dificultan el acceso a los servicios.
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El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha avisado, con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, de que la pandemia del coronavirus redujo la detección de las hepatitis B y C pero no de la hepatitis prenatal.
Y es que, la mayoría de los países de la Unión Europea informaron, durante los meses más duros de la pandemia, de impactos negativos en las pruebas rutinarias de detección de la hepatitis y el 46 por ciento señaló que se habían reducido las pruebas de laboratorio.
Del mismo modo, el ECDC ha recalcado que seis países informaron que la vacunación sistemática contra la hepatitis B en lactantes/niños también se vio afectada negativamente. Sin embargo, la detección sistemática prenatal de la hepatitis no se vio afectada por la pandemia.
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Con 161 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra, la Asamblea General adoptó este jueves una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.
El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.
También reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
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