El X Foro Iberolatinoamericano de Entidades Médicas, reunido en la Ciudad de Panamá entre los pasados 20 y 22 de julio, ha emitido la “Declaración de Panamá” como conclusión a la temática abordada en este encuentro. Entre los aspectos abordados figura la seguridad del paciente sobre la que abogan por establecer un registro de los potenciales fallos en los servicios de salud. Respecto a la formación médica defienden la obligatoriedad de la certificación y acreditación de los médicos. Piden, por otra parte, medidas que faciliten a todas las poblaciones el acceso a los medicamentos, además de demandar programas específicos frente a la judicialización de la Medicina. Finalmente, consideran que la eutanasia en ningún caso debe ser una actividad médica

La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria por lo que es clave establecer un mecanismo que permita un adecuado registro, análisis y prevención de los potenciales fallos en la atención dispensada por los servicios de salud.

El Colegio de Médicos de Cantabria, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, la Delegación de Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crearán la figura de Interlocutor Policial Territorial Sanitario para erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios, según acordaron en la reunión mantenida, recientemente, en la Delegación del Gobierno de Cantabria. En el encuentro se acordó designar  para tal función a  Eduardo J. Frechilla Arocha, psicólogo de la Unidad Regional Sanitaria (URS)
La reunión, presidida por el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, y convocada a propuesta del Colegio de Médicos de Cantabria, contó con la presencia del presidente de la entidad colegial cántabra, Dr. Javier Hernández de Sande; el subdirector de Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Rafael Navarro y los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado; Eduardo J. Frechilla Arocha, psicólogo de la URS (Unidad Regional Sanitaria), designado Interlocutor Policial Territorial Sanitaria; Ángel Luis Camafreita García, jefe regional de Operaciones,  y por la Guardia Civil, el Teniente Coronel Roberto Blanes.

La enfermedad de Gaucher es una patología poco frecuente, crónica y progresiva cuyos síntomas, si no son tratados a tiempo, pueden derivar en graves complicaciones irreversibles. Por ello, con el objetivo de informar y formar a los afectados y a sus familiares, fomentar la investigación sobre la enfermedad y concienciar se celebra el miércoles, 26 de julio, el Día Internacional de esta enfermedad que en España afecta a más de 300 personas

La Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher (AEEFEG) asegura que esta enfermedad produce un alto impacto físico que supone un gran impacto a nivel personal y económico, por ello insisten en dar apoyo psicológico a todas aquellas personas que se enfrentan a esta patología.
 
Asímismo, luchan por promover y mejorar la atención sanitaria, psicológica y moral, así como la asistencia de los servicios sociales de los afectados de Gaucher. Promocionar y difundir los conocimientos sobre la enfermedad, los avances en cuanto a tratamiento y prevención de la misma, así como sobre diagnóstico.

En su reciente informe sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH en 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de esta creciente problemática. La OMS ha constatado que hay países de ingresos bajos y medios en los que más del 10% de las nuevas infecciones son causadas por un virus resistente

El informe de la OMS sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH en 2017 muestra que en 6 de los 11 países encuestados en África, Asia y América Latina, más del 10% de las personas que comenzaron la terapia antirretroviral tenían una cepa resistente a algunos de los medicamentos más utilizados, por ello, este organismo recomienda que se revisen urgentemente sus programas de tratamiento del sida.

A finales de 2016, se estima que en el mundo había 36,7 millones de personas infectadas por el VIH y que, de estas, 19,5 millones tenían acceso al tratamiento antirretroviral.

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