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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha iniciado la implementación de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R, Human Resources Strategy for Researchers), que es una herramienta puesta en marcha por la Comisión Europea para apoyar a las universidades e instituciones de investigación en la aplicación de los 40 principios de la Carta Europea del Investigador y del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Estos dos documentos recogen un conjunto de derechos y deberes de los investigadores y las instituciones sobre aspectos éticos y profesionales, de contratación, condiciones de trabajo y formación del personal investigador, que tienen por objeto contribuir al desarrollo de un mercado laboral europeo atractivo para los investigadores.
La aplicación de esta estrategia permite obtener el HR Excellence In Research (Excelencia en gestión de recursos humanos de investigación), una prestigiosa acreditación que concede la Comisión Europea para distinguir a las universidades e instituciones que generan y apoyan la existencia de un entorno estimulante y favorable al trabajo de investigación. Obtener este reconocimiento es de vital importancia para el organismo, pues es clave para atraer talento, tanto nacional como extranjero, así como para mejorar la credibilidad y reputación de la organización.
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El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que los estudiantes extracomunitarios que realizan la formación MIR tienen derecho a cotizar al desempleo, de forma que puedan acceder a este programa de ayudas una vez finalicen su periodo de residencia en los centros sanitarios españoles
Así lo estiman los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en la sentencia del recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sobre la primera sentencia en esta materia, que se realizó en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y dio la razón al sindicato UGT.
De esta forma, las nóminas de los MIR extracomunitarios tendrán que volver a reflejar las cotizaciones al desempleo. La Sala entiende que a los MIR extracomunitarios "no les es aplicable" la disposición adicional decimosexta del Reglamento de Extranjería, que utilizó el Servicio Cántabro de Salud y el TGSS para excluir a este colectivo de la cotización.
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Se estima que la población española llegue a los 50 millones de personas para el año 2048, a partir del cual se experimentarán “caídas moderadas", según datos recientes ofrecidos por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat)
De acuerdo con las cifras de Eurostat publicadas ayer, Alemania es el país más poblado de la Unión Europea con 83 millones de residentes. Le sigue de Francia, con 67 millones. España, por su parte, se encuentra en sexto lugar y su población corresponde al 9,1% del total de los europeos.
A fecha de 1 de enero de 2019, España contaba con una población de 46.934.600 habitantes, 276.200 más que en la misma fecha de 2018. Esto quiere decir que la población española aumentó 59 décimas en un año, notablemente más que la media europea (21), pese a tener una tasa de natalidad de 1,31 nacimientos por mujer, la segunda más baja de la UE.
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, ha elaborado un documento con recomendaciones dirigidas a las CC.AA. sobre cómo aplicar el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que se establece una serie de requisitos para prestar asistencia sanitaria de forma gratuita a los inmigrantes irregulares
En el documento se establece que tanto el Ministerio de Sanidad, como las CC.AA., y el INGESA facilitarán a la ciudadanía información sobre este procedimiento y la documentación que se precisa para solicitar la acreditación de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través de sus webs institucionales.
El procedimiento, según consta en el documento, será aplicado a todas las personas extranjeras que, viviendo en territorio español, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España. Así, y como remarca Sanidad, "estas personas tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que aquellas con nacionalidad española".
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