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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, inició ayer su agenda de encuentros institucionales en Cantabria mediante una reunión mantenida con el consejero de Sanidad de la comunidad autónoma, Miguel Rodríguez en la que abordaron la situación sanitaria provocada por la pandemia, el proceso de vacunación, la precariedad laboral de los profesionales y temas relacionados con la acreditación, la formación médica continuada y el programa EU4Health de la Unión Europea, entre otros.
El Dr. Tomás Cobo y Miguel Rodríguez han analizado la situación de la sanidad en Cantabria tras más de un año de pandemia, que ahora vive un nuevo reto ante el proceso de vacunación de profesionales y población general. En ese sentido el presidente del CGCOM ha instado a llevar a cabo este proceso con la mayor agilidad “siempre dentro de los entornos más seguros posibles” así como ha incidido en la necesidad de que todos los profesionales sanitarios del ámbito privado cuenten con la vacuna.
Tanto el consejero de Sanidad de Cantabria como el presidente del CGCOM han mostrado su satisfacción ante la reanudación de las vacunas de AstraZeneca tras el aval por parte de la Agencia Europea del Medicamento y su ampliación a población hasta 65 años, como solicitó recientemente el CGCOM.
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha compartido con su homólogo británico, Matt Hancock, la situación en la que se encuentra actualmente nuestro país respecto a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, así como la evolución de la Estrategia de Vacunación iniciada a finales de diciembre del pasado año.
Carolina Darias ha hecho partícipe al ministro británico de las medidas que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas han adoptado, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de cara al período vacacional de Semana Santa; medidas que van dirigidas a limitar los movimientos y los contactos sociales, como factores que han demostrado ser facilitadores del virus.
Por otro lado, ha detallado los avances que se están produciendo en España respecto al proceso de vacunación contra la COVID-19. Como ha expuesto, las autoridades sanitarias continúan avanzando en la definición de nuevos grupos conforme a la evidencia científica, la disponibilidad de dosis, las características de las vacunas y la situación epidemiológica. Tras los grupos más vulnerables, se han definido otros grupos de población prioritarios como el de las personas mayores de 80 años.
En la reunión, que se ha celebrado telemáticamente, también han participado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas.
FUENTE: medicosypacientes.com
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La tuberculosis es la infección más común en el mundo, que cada año afecta a 10 millones de personas y causa 1,5 millones de muertes por esta causa.
COVID-19 y tuberculosis (TB) son dos epidemias respiratorias muy relevantes. La actual coexistencia de la COVID-19 con la tuberculosis ha influido en una merma en la calidad y la continuidad de la atención a la tuberculosis durante el año 2020, así como menos inversión en investigación, y casos de coinfección de ambas enfermedades, que pueden ser graves y de mayor mortalidad, según ha advertido la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el próximo 24 marzo, bajo el lema “El tiempo corre”.
Globalmente, hubo 10,0 millones de personas que enfermaron de tuberculosis en 2019 y se registraron 1,2 millones de muertes de tuberculosis entre las personas VIH negativas y 208.000 muertes entre personas VIH positivas. Entre los afectados de quince años o más, el 56% fueron hombres y el 32% mujeres y, por debajo de los quince años, hubo un 12% de niños con tuberculosis. Entre estos hubo un 8,2% de personas que además tenían VIH, según el Informe Global de Tuberculosis de la OMS, que recoge los últimos datos de la TB en el mundo, que datan de 2020.
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El pleno del Congreso aprobó el jueves pasado, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, después de que el Senado la aprobara la semana pasada con algunos cambios en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia, a la que pertenece esta norma.
La normativa, que entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Este paciente deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, así como tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
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