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Ante el anuncio por parte del Gobierno respecto a la no obligatoriedad de la mascarilla en espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) llama a la prudencia y solicita al Ministerio de Sanidad regular de un modo concreto su todavía necesaria utilización con el fin de proteger la salud de las personas, una mayoría aún sin vacunar.
Sin lugar a duda, el uso generalizado de las mascarillas permitió que durante la pandemia pudiéramos seguir viajando en autobús, permanecer en nuestros centros de trabajo o acudir a los mercados y centros comerciales para continuar las indispensables actividades de la vida cotidiana. Su generalización representó un verdadero cambio de paradigma, al reducir las tasas de contagio de manera radical.
Con la llegada de la vacuna, se ha promovido inexplicablemente una euforia sobre el fin de la pandemia que se ha anticipado demasiados meses sobre la realidad objetiva que, a día de hoy, es de lenta y progresiva mejora en la incidencia, pero con amenazas reales como la emergencia de la variante delta y otras de importancia, que ensombrecen el futuro al que nos dirigimos, presumiblemente el de la endemización de la infección por el SARS-CoV-2. Los retrocesos en el Reino Unido e Israel deberían servirnos de aviso.
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Unión Profesional y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) colaborarán en distintos campos para la protección integral de las personas mayores a través de la investigación, la creación de equipos multidisciplinares y acciones por la cultura del envejecimiento sin estereotipos de acuerdo con el convenio firmado por ambas organizaciones.
Victoria Ortega Benito, presidenta de Unión Profesional, y José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, han firmado un convenio del que ambos han coincidido en destacar la necesidad de «unir esfuerzos con el fin de analizar e investigar en las áreas de interés común en materia de protección integral de las personas mayores».
Ambas entidades impulsarán la acción investigadora y emprendedora de las y los profesionales colegiados que dediquen sus líneas de investigación y trabajo a iniciativas o proyectos enmarcados en el ámbito de las personas de edad. También promoverán como prioridad la inclusión del envejecimiento en las distintas disciplinas académicas.
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Una investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), realizada en el marco del grupo de trabajo sobre vacunación en España contra la COVID-19, concluye que la efectividad de las vacunas basadas en ARN mensajero (Pfizer y Moderna) utilizadas en residentes de centros de mayores ha sido del 71% frente a la infección sintomática y asintomática por SARS-CoV-2, del 88% en la prevención de hospitalizaciones, y del 97% en evitar fallecimientos. Los resultados acaban de publicarse en Eurosurveillance.
Los residentes en centros de mayores han sido un colectivo especialmente afectado por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Se trata de un grupo de población con una especial vulnerabilidad debido a su edad, presencia de condiciones crónicas y por su situación de fragilidad, entre otros factores. Desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de abril de 2021 se notificaron 30.176 muertes relacionadas con COVID-19 en residentes de centro de mayores. Debido a la elevada morbimortalidad causada por la enfermedad, este grupo de población fue, junto con los profesionales sanitarios, el primero en el que se priorizó la administración de la vacunación frente a COVID-19 en España, que comenzó el pasado 27 de diciembre.
El estudio incluye datos obtenidos entre el 27 de diciembre de 2020 y el 4 de abril de 2021, fecha en la que 300.133 residentes de centros de mayores con 65 o más años (88.8% del total) habían completado la pauta de vacunación frente a la COVID-19. En ese periodo se estimaron, a partir de la información notificada de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), que coordina el CNE-ISCIII, un total de 8.370 casos de COVID-19 en personas con 65 o más años residentes en centros de mayores, que fueron incluidos en el estudio.
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El Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona, con sede en Tudela, ha dictado sentencia condenatoria contra un paciente “por delito de atentado” con seis meses de prisión y “por delito leve de lesiones” al pago de 997,30 euros como indemnización al médico agredido.
La agresión se produjo el 20 de octubre de 2019 a un facultativo del Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra), que atendió al paciente de una herida en la cabeza tras una pelea. Según explica la sentencia, “en el momento en el que terminó de dar el último punto, el acusado, con clara intención de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física ajena, le golpeó dándole un puñetazo en la cara”.
El profesional agredido denunció a través de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Navarra. La sentencia muestra su conformidad con la calificación de la acusación, “dado que los hechos declarados probados -por expreso reconocimiento del acusado- son constitutivos de un delito de atentado previsto y penado en el art. 550 1º y 2º del Código Penal y de un delito leve de lesiones penado en el art.147.2 del Código Penal”.
La sentencia es firme y, contra ella, no cabe recurso ordinario. Obliga, además, al pago de las costas al acusado.
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