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Esta postura de la corporación, recogida en un comunicado emitido el pasado mes de julio, incidía en que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable e injusta y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuenten con el apoyo apropiado.
Ante las recientes informaciones referidas al caso que ha tenido lugar en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid difundidas en los medios de comunicación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) recuerda que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias. La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos/as.
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Un grupo de trabajo impulsado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha preparado un informe con propuestas y recomendaciones que entregarán al Ministerio de Sanidad, para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, "una oportunidad para transformar las políticas de salud y mejorar la salud de la población española".
En ello han trabajado un grupo de expertos, cerca de 30 profesionales de distintos ámbitos y de las diez sociedades científicas que forman parte de SESPAS, quien impulsó esta iniciativa para trasladar al Ministerio de Sanidad un documento sobre cómo debería ser el futuro Centro Estatal de Salud Pública.
El trabajo que han llevado a cabo durante meses se ha plasmado en un documento con propuestas y recomendaciones abiertas y se ha presentado en un encuentro en la Escuela de Salud Pública de Menorca para su discusión y aportaciones. No obstante, el objetivo del informe es facilitar las decisiones sobre la configuración de este organismo desde una perspectiva científica, técnica e independiente, basada en los valores e ideas que fundamentan la salud pública.
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La Organización Mundial de la Salud publicó el pasado mayo un informe en el que observa las "oscuras" consecuencias del consumo de los nuevos productos de tabaco, concretamente cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados. Tras un extenso análisis donde repasa la diferente literatura científica, concluye que deben de endurecerse las medidas que rodean a la venta de estos productos.
En el informe, del que se hace eco la Oms Europea, analiza una variedad de cuestiones, desde el daño causado por los ingredientes tóxicos y la exposición a la nicotina hasta cómo, sin apenas regulación, los nuevos productos de tabaco y nicotina se comercializan de forma agresiva para los usuarios potenciales, incluidos niños y adolescentes.
El grupo de estudio de la OMS sobre la reglamentación de los productos de tabaco tiene como objetivo informar a los responsables de la formulación de políticas sobre los antecedentes científicos de estos productos y los insta a cerrar las brechas reglamentarias para los nuevos productos de nicotina y tabaco. Estos incluyen sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS) y productos de tabaco calentados (HTP).
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado el inicio, a partir de este viernes, de la consulta pública del anteproyecto de la Ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Así lo ha adelantado en el marco de la XXXII Escuela de Salud Pública de Mahón, donde ha asistido a la inauguración del encuentro ‘Gestión de emergencias de salud pública en fronteras’ y ha intervenido en la apertura de la primera Comisión de Salud Pública presencial que se celebra desde febrero de 2020.
Tal y como ha explicado la ministra, el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, permitirá “anticiparnos” y mejorar la red de vigilancia existente, ampliarla, e interconectarla con las comunidades autónomas, la agencia europea HERA (Health Emergency Preparedness and Response Agency) y con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).
La intención del Gobierno, ha detallado la ministra de Sanidad, es que el Centro Estatal de Salud Pública esté creado por Ley antes del segundo semestre de 2022; un recurso que ahondará en la mejora y ampliación de las capacidades del SNS, objetivo prioritario del Gobierno de España en materia sanitaria para la presente legislatura.
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