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El Gobierno ha expuesto en un documento la Estrategia Nacional contra el Covid-19, el marco de actuación sobre el que se asienta el modelo de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La Estrategia Nacional contra el COVID-19 describe los criterios, los instrumentos, los indicadores y las acciones compartidas entre todas las Administraciones públicas. Los criterios, instrumentos e indicadores comunes en todo el territorio permiten hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia en nuestro país y están recogidos en la Guía de actuación frente al COVID-19, entre otros documentos.
Las acciones, pilar básico de la Estrategia, son necesarias para doblegar la curva y mantener bajo control la pandemia. La principal acción es la declaración del estado de alarma vigente. Y todo ello requiere que las medidas sean evaluadas para comprobar su eficacia. La Estrategia Nacional contra el COVID-19 se trata de un documento vivo que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo en España desde el 21 de junio, fecha en que todo el país entró en lo que se llamó nueva normalidad, una vez decaídas las órdenes del estado de Alarma.
Así, la Estrategia recoge el marco normativo común en toda España, como fue el Real Decreto-Ley de Nueva Normalidad. También compila las medidas coordinadas con las CCAA, como son los cinco paquetes de Actuaciones coordinadas en Salud Pública que se han aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del SNS desde el mes de agosto. El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19, aprobado el 22 de octubre, también está recogido en la Estrategia. Se trata de un desarrollo del Plan de Respuesta Temprana y establece un marco de criterios comunes, basados en la evidencia científica. Finalmente, en el marco de la cogobernanza, se aprobó el Real Decreto de estado de alarma, que establece una serie de limitaciones de circulación y de permanencia de personas que las CCAA pueden adaptar a sus territorios, como autoridades delegadas.
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Diario Médico y Correo Farmacéutico celebraron un acto para visibilizar su agradecimiento y admiración por la labor de los profesionales sanitarios frente a la pandemia. El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) fue el encargado de recibir el reconocimiento a la profesión médica y señaló que “la pandemia ha puesto en valor los valores del profesionalismo médico”.
Durante su intervención, el Dr. Romero resaltó estos valores de la profesión médica. En este sentido destacó la integridad en la utilización del conocimiento experto, la optimización de los recursos, la compasión como guía de acción frente al sufrimiento y anteponer los intereses del paciente frente a los del propio médico.
“Nos llama la atención que en este contexto tengamos que defender el papel protagonista de la profesión médica ante el necesario pero excesivo rol del gobierno central y de los autonómicos”, explicó. Según el presidente del CGCOM, “es un momento de gran dificultad, pero tenemos que trabajar para seguir manteniendo la confianza que nos otorga la sociedad y que desde los gobiernos se nos sigue cuestionando” - aseveró.
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La Asamblea Médica Mundial (AMM), en su 71ª Asamblea General ha adoptado una Declaración sobre la responsabilidad del médico en la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos. Una iniciativa en la que han trabajado conjuntamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para combatir esta lacra que viola los derechos fundamentales de miles de personas en todo el mundo y constituye un riesgo para la salud individual y para la salud pública.
De acuerdo con datos del Observatorio Global en Donación y Trasplantes, que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo. La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento se llevan a cabo en un contexto de comercialización, de tráfico de órganos. No obstante, su dimensión real aún es desconocida. Se sabe que los casos que salen a la luz representan sólo la punta del iceberg. El tráfico de órganos ocurre fundamentalmente en países en vías de desarrollo a los que viajan pacientes desesperados desde países ricos o con minorías ricas. Estos pacientes regresan posteriormente a sus países de origen para seguimiento clínico.
El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, considera que “con esta declaración pretendemos incluir en los códigos de comportamiento que el médico sea un agente activo en la promoción de los trasplantes. Se trata de una medida complementaria al trabajo que España ha desarrollado en contra del tráfico de personas, con el convenio entre la Universidad de Granada, el programa DNA-PRO-ORGAN, la ONT y el CGCOM, para promover la identificación de personas y órganos con la idea de evitar actividades ilegales” - explica.
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El 47% de los profesionales sanitarios que fueron atendidos en el servicio telemático de apoyo psicológico (TAP) durante la pandemia trabajaban en hospitales, un 22% en Atención Primaria y un 10 % en residencias y centros sociosanitarios. Esta iniciativa, de la que forma parte la corporación médica, se puso en marcha para atender a los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de Covid-19 y se ha alargado hasta diciembre.
Auspiciada por la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña), los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psicología de España junto al Ministerio de Sanidad y la Fundación Bancaria La Caixa, se trata de una plataforma telemática específica de atención en salud mental que desde el inicio ha realizado más de 2.900 intervenciones, atendiendo a casi 900 profesionales, con una media de 4 intervenciones por profesional, según los datos facilitados por la Fundación Galatea.
De los datos extraídos resalta que de los profesionales sanitarios atendidos por el TAP el 37% eran médicos, y el 44% enfermeras y auxiliares. Asimismo, resalta que el 86% de las solicitantes de este servicio son mujeres; siendo la media de edad de 43 años y Cataluña la CCAA con más incidencia.
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