De lo que no se habla no existe. Tradicionalmente, falsas creencias consideraban que hablar o informar sobre el suicidio provocaba un efecto llamada. La evidencia científica ha demostrado que comunicar correctamente sobre el suicidio ayuda, y mucho, a la prevención, a detectar signos de alarma y a acompañar. Pero no solo eso, en España expertos en salud mental reclaman una estrategia nacional de prevención del suicidio, una asignatura pendiente desde hace muchos años.

La sección de Actualidad de la Revista ‘Profesión Médica’ del CGCOM recoge, en este número, un reportaje sobre el suicidio, con motivo del Día Mundial de la Prevención de este problema social responsable de más de 700 000 fallecimientos al año en el mundo.

Para analizar de forma multidisciplinar las causas se ha contado con la participación de expertos e investigadores como la Dra. María Irigoyen, psiquiatra en el Hospital Universitario Santa María de Lérida; Dr. Alejandro de la Torre, coordinador Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio; y el Dr. Carlos Gómez Sánchez-Lafuente, psiquiatra en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Las tecnologías relacionadas con la telemedicina han demostrado ser beneficiosas en un amplio abanico de actuaciones médicas, como exámenes, diagnósticos, gestión, tratamiento y seguimiento a largo plazo de pacientes con enfermedades crónicas, pero aún existen muchas barreras para su normalización en Europa, según un nuevo estudio impulsado por la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y elaborado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La investigación, publicada en la revista científica ' Journal of Medical Internet Resarch', hace un resumen de varias revisiones sistemáticas sobre el uso de la telemedicina en 53 países.
 
Su principal autor es Francesc Saigí, investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y del grupo de investigación Epi4Health y director del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en salud digital, vinculado a los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y con el apoyo del eHealth Center (eHC). Por parte de la UOC, también han participado en el estudio la investigadora del eHC Noemí Robles y las estudiantes de doctorado Keti Ivanovska y Che Riva.
 
Aunque el uso de la telemedicina permite ofrecer servicios de salud de calidad de forma accesible y coste-efectiva y es útil para reducir la morbilidad y la mortalidad, no fue hasta la pandemia de la COVID-19 que esta práctica se extendió, sobre todo para seguir proporcionando servicios de salud a los pacientes.

La Asamblea General de otoño de la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia (UEMO) ha mostrado su apoyo a los médicos de atención primaria en España a través de una resolución en la que reclaman a las comunidades autónomas que no contraten médicos si la especialidad de medicina de familia y comunitaria para trabajar en atención primaria.

La resolución, aprobada por la asamblea en el encuentro mantenido hace diez días en Liubliana (Eslovenia), denuncia esta realidad en diferentes comunidades españolas, pero también en Portugal y Rumanía, donde se contratan médicos sin la especialidad. Una práctica que advierten que «se puede extender a otros países y especialidades ante la falta de médicos».

La UEMO trabaja para incluir como especialidad la medicina general, como se conoce en algunos países, o de familia, en el anexo de la directiva europea 2005/36/EC sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Actualmente hay 20 países que la reconocen. El último ha sido Austria, cuyo ministerio de salud y estados federales acordaron en el pasado septiembre establecer la especialidad en medicina genera y de familia.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias -SEMES-, y en representación de los más de 25 000 hombres y mujeres dedicados a los servicios de Urgencias y Emergencias, y tras valorar la actual y crítica situación por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud, se solicita al Gobierno de España la elaboración, negociación y firma de un Pacto de Estado por la Sanidad Pública implicando a todos los actores.

Un tratado basado en el espíritu de consenso y en el compromiso social, garante de la sanidad pública de calidad, segura y universal que pueda asegurar la permanencia del Estado de Bienestar, no solo para todos los ciudadanos y ciudadanas de hoy, sino también para las generaciones futuras.
 
Por otra parte, se condena cualquier uso partidista o utilización del Sistema Sanitario en beneficio propio o por intereses basados en mantener cuotas de poder.