El Gobierno ha decidido este martes en Consejo de Ministros conceder la Gran Cruz del Mérito Civil a los profesionales sanitarios que han fallecido a causa de la COVID-19.

"Si alguien merece nuestro reconocimiento son ellos, que nos atendieron, que nos cuidaron que se pusieron en riesgo y muchos de ellos fallecieron. A ellos, a los fallecidos, el Gobierno acaba de reconocer está máxima distinción", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Política Territorial y nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
 
Según ha avanzado Rodríguez, dicha concesión se realizará en un acto un acto solemne del Gobierno, así mismo dicho reconocimiento se quiere hacer extensible a la ciudadanía. "Este homenaje es el homenaje de nuestro país a las personas del ámbito sanitario que fallecieron", ha reiterado.
 
No obstante, "el mejor homenaje que podemos hacerle a todos individualmente es el de seguir manteniendo la calma, la responsabilidad y la prudencia. Porque es cierto que estamos todos entusiasmados viendo ese final pero todavía hay que aguantar un poquito".

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), junto con las sociedades médicas que la componen, han elaborado nuevas recomendaciones sobre el diagnóstico clínico sobre diferentes aspectos del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2.

En concreto, han elaborado ocho nuevos documentos en los que se abordan los diferentes tipos de pruebas de diagnóstico en pacientes con síntomas de COVID-19: Los textos versan sobre pruebas de laboratorio clínico, diagnóstico de la respuesta inmune, realización de autopsias clínicas y determinación de virus en muestras parafinadas, diagnóstico microbiológico, diagnóstico radiológico, diagnóstico en Pediatría, diagnóstico clínico de la infección aguda, y estudio de contactos, pruebas de diagnóstico de infección activa a utilizar y cribado con pruebas diagnósticas en ámbito sanitario y sociosanitario.
 
Este trabajo se ha desarrollado en el seno del Grupo de Diagnóstico del Consejo Asesor de FACME contando con las Sociedades federadas con mayor conocimiento sobre los temas abordados, cuyos miembros han trabajado con gran profesionalidad, ilusión y cooperación entre ellos.

Ante las informaciones referentes a la modificación de la Ley del Aborto y, dentro de ella, la legislación de la denominada “violencia obstétrica” (entendida como aquella ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso reproductivo) como una modalidad de violencia de género, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) aclara que este concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica.

La corporación médica se adhiere, así, al posicionamiento emitido por la comunidad científica, en el que los profesionales rechazan el término de “violencia obstétrica”, garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes y recuerdan el compromiso de los especialistas en Ginecología y Obstetricia de velar, en todo momento, por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.
 
Además, cualquier uso del término “violencia” es particularmente ofensivo: los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer. La modulación de prácticas innecesarias se ha ido produciendo de acuerdo con la evidencia científica y con la aplicación del principio de autonomía. Esta es la vía para mejorar la calidad de la atención obstétrica, en la que todos estamos comprometidos.  

La supervivencia de los pacientes trasplantados de órganos que desarrollaron COVID-19 ha sido mayor en la segunda ola de la pandemia en comparación con la primera. Así se concluye de un estudio liderado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y en el que ha participado la Red de Donación y Trasplante española.

La Red ha trabajado intensamente para mantener la actividad y velar por los pacientes en lista de espera durante la pandemia, y se ha volcado en generar evidencia sobre el impacto de la infección causada por SARS-CoV-2 en los pacientes trasplantados.
 
El estudio ha contado con la asesoría del Grupo de Estudio de Infección en el Trasplante y el Huésped Inmunocomprometido (GESITRA-IC) perteneciente a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Sus resultados se acaban de publicar en la reputada revista científica Transplantation.