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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) es una de las instituciones a las que la Oficina de Prospectiva y Estrategia de la presidencia del Gobierno de España ha pedido su asesoramiento para elaborar el plan ESPAÑA 2050 con el fin de abordar los retos del país en las próximas décadas.
En concreto, el CGCOM ha sido consultado para el quinto desafío que se centra en “Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva”. Para ello, la corporación médica ha trasladado una serie de aportaciones que, además de ofrecer medidas concretas reclama un clima de Pacto de Estado que tenga como base el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, en la que también participó el CGCOM a través de un documento (45 propuestas) y que generó un amplio consenso político en sanidad que debería de ser tenido en cuenta, tanto en el análisis estratégico como en su implementación. En este sentido la corporación enfatiza en la necesidad de reforzar un Sistema Nacional de Salud que es pieza clave en la solidaridad y cohesión que hoy fundamenta la pertenencia y apego a la condición de ciudadanía española.
Esta colaboración se ha mantenido a través de diferentes encuentros telemáticos entre representantes de la Oficina de prospección del Gobierno y el presidente del CGCOM, Dr. Tomás Cobo. Ambas partes han adquirido un compromiso para continuar con reuniones periódicas con el objetivo de seguir aportando la perspectiva profesional de los médicos y médicas al futuro de la sanidad y del país.
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El Gobierno ha decidido este martes en Consejo de Ministros conceder la Gran Cruz del Mérito Civil a los profesionales sanitarios que han fallecido a causa de la COVID-19.
"Si alguien merece nuestro reconocimiento son ellos, que nos atendieron, que nos cuidaron que se pusieron en riesgo y muchos de ellos fallecieron. A ellos, a los fallecidos, el Gobierno acaba de reconocer está máxima distinción", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Política Territorial y nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Según ha avanzado Rodríguez, dicha concesión se realizará en un acto un acto solemne del Gobierno, así mismo dicho reconocimiento se quiere hacer extensible a la ciudadanía. "Este homenaje es el homenaje de nuestro país a las personas del ámbito sanitario que fallecieron", ha reiterado.
No obstante, "el mejor homenaje que podemos hacerle a todos individualmente es el de seguir manteniendo la calma, la responsabilidad y la prudencia. Porque es cierto que estamos todos entusiasmados viendo ese final pero todavía hay que aguantar un poquito".
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La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), junto con las sociedades médicas que la componen, han elaborado nuevas recomendaciones sobre el diagnóstico clínico sobre diferentes aspectos del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2.
En concreto, han elaborado ocho nuevos documentos en los que se abordan los diferentes tipos de pruebas de diagnóstico en pacientes con síntomas de COVID-19: Los textos versan sobre pruebas de laboratorio clínico, diagnóstico de la respuesta inmune, realización de autopsias clínicas y determinación de virus en muestras parafinadas, diagnóstico microbiológico, diagnóstico radiológico, diagnóstico en Pediatría, diagnóstico clínico de la infección aguda, y estudio de contactos, pruebas de diagnóstico de infección activa a utilizar y cribado con pruebas diagnósticas en ámbito sanitario y sociosanitario.
Este trabajo se ha desarrollado en el seno del Grupo de Diagnóstico del Consejo Asesor de FACME contando con las Sociedades federadas con mayor conocimiento sobre los temas abordados, cuyos miembros han trabajado con gran profesionalidad, ilusión y cooperación entre ellos.
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Ante las informaciones referentes a la modificación de la Ley del Aborto y, dentro de ella, la legislación de la denominada “violencia obstétrica” (entendida como aquella ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso reproductivo) como una modalidad de violencia de género, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) aclara que este concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica.
La corporación médica se adhiere, así, al posicionamiento emitido por la comunidad científica, en el que los profesionales rechazan el término de “violencia obstétrica”, garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes y recuerdan el compromiso de los especialistas en Ginecología y Obstetricia de velar, en todo momento, por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.
Además, cualquier uso del término “violencia” es particularmente ofensivo: los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer. La modulación de prácticas innecesarias se ha ido produciendo de acuerdo con la evidencia científica y con la aplicación del principio de autonomía. Esta es la vía para mejorar la calidad de la atención obstétrica, en la que todos estamos comprometidos.
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