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La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su octavo informe, en este caso sobre el reforzamiento de la vacunación antigripal para afrontar COVID-19, en el que se realizan una serie de recomendaciones entre las que destacan que ésta se extienda y anticipe la campaña antigripal para mitigar los efectos de la COVID-19; fomentar la vacunación de la gripe entre el personal sanitario; mantener el carácter voluntario de la misma; organizar la campaña de vacunación de tal forma que se eviten aglomeraciones para disminuir riesgo de transmisión de la COVID-19 y mantener el carácter común y unificado de las decisiones de vacunación para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Para el próximo otoño-invierno es muy conveniente reducir al máximo los cuadros respiratorios; por ello es importante cualquier disminución en la incidencia de la gripe estacional. En este sentido el informe incide en que la campaña de vacunación debe ser más amplia y precoz, y focalizarse hacia la población más vulnerable COVID-19, enfatizando los mensajes al personal sanitario que suele tener una menor proporción de vacunación que la población general.
Las propuestas de hacer obligatoria la vacunación para determinados grupos sociales o colectivos profesionales, no parece ni necesaria ni conveniente en la actual situación, y tampoco parece aconsejable que estas medidas se tomen unilateralmente por parte de algunas autoridades sanitarias autonómicas, sin consensuarlas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el acceso al título de médico especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de Residencia. Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la ciudadanía. Asimismo, tendrá una repercusión positiva en la adecuación de los conocimientos profesionales de quien ejerce la Medicina Legal y Forense a los avances y medios tecnológicos actuales. Asimismo, incidirá en una mejora de la praxis pericial médica y, por tanto, dotará de mayor rigor a la Administración de Justicia que, en esta materia, precisa apoyarse en conocimientos especializados y basados en la evidencia científica.
Para la elaboración de esta norma se ha contado con las comunidades autónomas. Además, el texto ha sido sometido al Consejo Médico Forense, a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y al Consejo General del Poder Judicial. El sistema de Residencia para el acceso a este título comprenderá formación tanto teórica como práctica en un período formativo de cuatro años que serán cursados en las unidades docentes acreditadas de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias transferidas y también en los centros hospitalarios de referencia.
Dicho programa formativo, que será elaborado y actualizado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Legal y Forense, recogerá la obligación de que los residentes realicen períodos de rotación durante dos años. La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad será la encargada de resolver las solicitudes de acreditación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como unidades docentes para impartir la formación especializada. Y, el acceso al sistema formativo de Residencia para la obtención del título de especialista en Medicina Legal y Forense se realizará mediante la convocatoria pública anual de carácter nacional.
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que los contagios del nuevo coronavirus se están acelerando y ha pedido un mayor compromiso político para informar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de protegerse frente a la enfermedad que provoca, la Covid-19.
Tedros ha recordado que este jueves, 30 de julio, se cumplen seis meses desde que la OMS declara al nuevo coronavirus como una emergencia internacional de salud pública, momento en el que se registraban menos de 100 casos fuera de China, país donde apareció el virus por primera vez, y ninguna muerte.
Sin embargo, en la actualidad ya se han notificado 16 millones de casos de Covid-19 y más de 640.000 muertes, si bien en las últimas seis semanas se han "duplicado" el número de nuevos contagios. En este sentido, Tedros ha reiterado la necesidad de que los países encuentren, aíslen y traten los casos, así como que identifiquen y pongan en cuarentena a los contactos.
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reclama, a través de una carta enviada a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que el reconocimiento de los contagios de los profesionales sanitarios con la calificación de contingencia profesional vuelva a estar vigente, como así ha sido durante el estado de alarma, motivado por la pandemia de COVID-19.
La corporación expresa su inquietud por la redacción del Real Decreto 19/2020, de 26 de mayo, acerca del límite temporal de los efectos de la norma, que prorroga la protección de los profesionales contagiados hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma. Es decir, hasta el 21 de julio. El CGCOM incide en que la situación sanitaria persiste, existen continuos rebrotes que sitúan la crisis a las puertas de una segunda olead pandémica, por lo que solicita que no se limite esta cobertura a periodos temporales concretos.
El Consejo de Ministros aprobó que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios fueran considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad.
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