La Organización Médica Colegial (OMC) ha dejado claro que unas Urgencias infradotadas, unidas a la falta de la especialidad académica para estos servicios, aumentan tanto la Medicina Defensiva como la iatrogenia, o daño al realizar intervenciones perjudiciales, aseveración que se produjo durante la presentación del estudio de la práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios, gracias a la colaboración de esta corporación y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Prevenir el riesgo

El presidente de la OMC, el doctor Serafín Romero, situó el documento presentado dentro del trabajo que realiza la institución en materia de práctica clínica e iatrogenia, con vocación de liderar las políticas de seguridad de los pacientes en aquellas situaciones de contacto más próximo con ellos y caracterizadas por su mayor riesgo potencial, mediante la definición de  escenarios compartidos con SESPAS, según explicó.

También expresó Serafín Romero su preocupación por la Medicina Defensiva, que repercute en un exceso de indicaciones diagnósticas e intervenciones clínicas. De ahí la necesidad, postuló, de tener el baremo de daños sanitarios que no impulsaron ni Dolors Montserrat ni Carmen Montón como antecesoras en el cargo de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Este Baremo sería, según su criterio, un recurso muy útil para asumir los problemas o errores que genera la práctica médica, como se recogió en la edición del Código Deontológico de 2011.

Reconocen prácticas indeseables de Medicina defensiva

La mayoría de los médicos consideran que en los últimos años la presión en relación con las posibles denuncias o demandas judiciales ha condicionado su práctica profesional, incluso en aspectos concretos como la realización de muchas más pruebas diagnósticas de las necesarias o al alargar innecesariamente los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados. Para un gran porcentaje de los profesionales, la presión judicial motivada por las demandas de los pacientes ha experimentado un gran incremento en los últimos años, y el apoyo institucional es escaso.

Son datos obtenidos en una encuesta realizada en 2017 a nivel nacional entre médicos de Urgencias, cuyos resultados han sido recogidos en el Estudio “La práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios” y analizados este martes en Madrid. En él se abordan las consecuencias de la Medicina defensiva e iatrogenia en los pacientes desde el punto de vista de los profesionales. El objetivo era conocer la percepción de los facultativos sobre la situación de los Servicios en relación con la presión judicial y su condicionamiento en la práctica médica, el apoyo institucional y médico tras las denuncias, y la formación y conocimientos médicos-legales. El Estudio ha sido elaborado conjuntamente por la Organización Médica Colegial (OMC) y las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La Organización Médica Colegial (OMC) y las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han demandado políticas que garanticen la seguridad del paciente, a fin de paliar los efectos de la medicina defensiva, una práctica detectada especialmente en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

Así lo pusieron de manifiesto, ayer ante los medios, en una Rueda de Prensa el presidente de la OMC, el Dr. Serafín Romero; el coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y Salud Pública de SESPAS, Dr. Andreu Segura; el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, miembro de SEMES y médico de Urgencias del Complejo Asistencial de Zamora, Dr. Sebastián Martínez; y la ex presidenta de SESPAS y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel.
 
Este encuentro con los medios, en el que estuvo presente el Dr. José Ramón Repullo, director técnico de la Fundación para la Formación de la OMC, sirvió como antesala para presentar la I Jornada sobre Iatrogenia, medicina defensiva y deontología médica que esta Fundación celebró ayer sobre este tema y la inminente puesta en marcha de un curso para que los profesionales médicos se formen en estas inquietudes, que también llevará a cabo.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, presentaron ayer las partidas de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a sus departamentos, unas cuentas centradas en reforzar el Estado del Bienestar, la recuperación de derechos sociales en Sanidad y Dependencia, y el aumento de recursos contra la pobreza infantil

La ministra de Sanidad destacó que solo con las nuevas medidas destinadas a eliminar copagos en colectivos vulnerables, el incremento de fondos para la Dependencia (el mayor desde que se puso en marcha) y las iniciativas para combatir la pobreza infantil, se beneficiarán directamente  unos 10 millones de españoles. 
 
 “Son unas cuentas que reflejan el papel de liderazgo y compromiso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la equidad y la cohesión social en las políticas sanitarias y sociales”, señaló María Luisa Carcedo. “Los Presupuestos reflejan con claridad la prioridad que supone para este Gobierno la protección de la infancia así como garantizar el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes”, añadió Pau Marí-Klose.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha fijado diez principales tareas en materia sanitaria para enfrentar los múltiples retos en salud en todo el mundo, entre los que se encuentran el ébola, la contaminación, los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión y la difteria, el aumento de los informes de patógenos resistentes a los medicamentos, la subida las tasas de obesidad y la inactividad física, los efectos en la salud de la contaminación ambiental y el cambio climático, y las múltiples crisis humanitarias.

Para hacer frente a éstas y otras amenazas, 2019 es el comienzo del nuevo plan estratégico quinquenal de la OMS, conocido como 13º Programa General de Trabajo. Este plan se enfoca en un objetivo de tres mil millones de euros: asegurar que 1.000 millones más de personas se beneficien del acceso a la cobertura de salud universal, que 1.000 millones más de personas están protegidas de emergencias de salud y que 1.000 millones más disfrutan de mejor salud y bienestar.

Alcanzar este objetivo requerirá "abordar las amenazas a la salud desde una variedad de ángulos", reconoció la OMS, algo que comienza por paliar la contaminación del aire y, así, los efectos del cambio climático. Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado todos los días. En 2019, la OMS considera que la contaminación del aire es "el mayor riesgo ambiental para la salud".