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El Gobierno quiere promover un acuerdo nacional por la ciencia y la innovación y propone que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024.
Así lo recoge el documento 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' del Ministerio de Ciencia, en el que se aboga por reforzar, "en la misma proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención" a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, apuesta por que, en caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I "no se reduzca en valor absoluto".
El documento, recogido por Europa Press, propone que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) "dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su dirección estratégica y funcionamiento estén basadas en la excelencia científica e innovadora".
"Que la distribución competencial, sea cual sea ésta, garantice la dirección estratégica común y la óptima coordinación entre estos organismos y con los propios de las comunidades autónomas", añade la propuesta del departamento que dirige Pedro Duque.
El CGCOM incide en la importancia de abordar el cambio climático en las estrategias de salud pública
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En el marco de la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático este sábado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) alerta sobre la influencia que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas, los sectores económicos y el bienestar humano, lo que conlleva un grave problema de salud pública.
Este sábado se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de movilizar y sensibilizar a millones de personas de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático y el grave peligro que conlleva el calentamiento global.
Una Declaración aprobada en la Asamblea General hace justo un año hacía hincapié en que la profesión médica tiene la obligación de trabajar con las instituciones sanitarias y las administraciones con el objetivo de adoptar políticas sobre el clima, instar a cambios en los estilos de vida, tratar de crear conciencia profesional y pública sobre la importancia del medio ambiente, fomentar la formación médica en medio ambiente y salud pública y la educación para la salud, instar a la investigación en cambio climático, y ser modelos a imitar en su esfuerzo para disminuir las emisiones de carbono, en línea con los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS 2030).
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La Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que encabeza la Dra. Mª Sonsoles Castro, analizará en una jornada la prevención de riesgos laborales en el ejercicio de la profesión médica. La cita, constará de dos sesiones los próximos 28 y 29 de octubre y contará en su inauguración con el Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM.
Es necesario identificar los factores que inciden en los accidentes laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de tomar medidas preventivas que salvaguarden la salud de los profesionales. Durante la jornada se prestará especial atención a las repercusiones que ha tenido la COVID 19 en este aspecto, puesto que durante la pandemia hubo momentos en los que hubo que los profesionales tuvieron que realizar su actividad laboral en condiciones de inseguridad y desprotección.
Hay que tener en cuenta que numerosos estudios y evidencias científicas demuestran la existencia de numerosos riesgos que, de modo abierto o encubierto, afectan a los profesionales que prestan servicios de salud, y que las enfermedades profesionales del personal de salud son más frecuentes de lo que se conoce. Igualmente, se estudiará la importancia de adquirir conocimientos sobre los elementos de gestión en materia de prevención de riesgos laborales.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves la publicación del acuerdo de convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Este decreto, rechazado por la Asamblea General del CGCOM y el Foro de la profesión Médica, entre otros, establece entre otras medidas la posible la contratación por parte de la comunidades autónomas de 10.000 facultativos sin especialidad o no comunitarios para luchar contra la pandemia.
En concreto, su artículo 2, denominado 'Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo', en su punto 1, "autoriza la contratación de personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad"; y en su punto 2 establece que el contrato "permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses".
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