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El 80,3 por ciento de los españoles que han solicitado atención médica debido al coronavirus en los últimos meses resultó satisfecho, según el Barómetro Especial de Julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este miércoles. Un 11 por ciento por contra se queja de la atención recibida mientras un 6,6 por ciento la califica de regular
De las 3.000 personas encuestadas solo un 7,5 por ciento ha necesitado contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus.
Acudieron mayoritariamente a su médico de atención primaria (46,9%) y al teléfono 900 que la comunidad puso para estos casos (25,9%). En mucha menor medida se dirigieron a las urgencias de un hospital (14%) o de atención primaria (7,9%) o al teléfono 061 o 112 (14,5%).
A siete de cada diez (71,7%) les indicaron que debían mantener aislamiento domiciliario, frente al 28,5 por ciento al que no le hicieron esta recomendación, si bien a un 57,5 por ciento no se le realizó la prueba del coronavirus. Un 42,1 por ciento sí se sometió a la prueba.
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a reforzar la protección legal de las personas con discapacidad tras el último Examen Periódico Universal (UPU) sobre derechos humanos, y en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha participado activamente.
Así, el organismo internacional, que busca mejorar la situación de los derechos humanos de los Estados parte y abordar las posibles violaciones de los mismos, especifica un total de 25 recomendaciones y apreciaciones respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en base a las diferentes propuestas y reivindicaciones remitidas por el Cermi a partir de un informe alternativo.
En este sentido, el Comité muestra su “satisfacción” ante la incorporación de sus demandas por parte de Naciones Unidas, que da cuenta de la “preocupación” y muestra “interés” sobre cuestiones tan importantes como la accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva, entre otras.
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admitido que no se vislumbra en un "futuro previsible" el retorno a la 'vieja normalidad', y ha asegurado que la actual pandemia podría ser "peor" si los Gobiernos y la población mundial no siguen los principios básicos de salud pública: lavado de manos, distanciamiento físico, uso de la mascarilla, taparse al toser y quedarse en casa si se está enfermo.
"No hay atajos para salir de esta pandemia", ha señalado en una rueda de prensa telemática celebrada en Ginebra, donde ha abogado por que "cada líder, cada gobierno y cada persona hagan su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo".
"No digo que sea fácil; claramente no lo es", ha continuado, pero para conseguirlo hay una hoja de ruta hacia una situación en la que "puede ayudar a controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas". Esta hoja de ruta se basa en su enfoque en reducir la mortalidad y suprimir la transmisión; en una comunidad empoderada y comprometida que toma medidas de comportamiento individual en interés de los demás; y en un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de estrategias integrales que se comuniquen de manera clara y consistente.
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), recibió el año pasado 37.778 notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamento, de las cuales el 37 por ciento eran graves.
Así se desprende del último informe de actividad del SEFV-H correspondiente al año 2019, en el que se recoge un resumen sobre las características de las sospechas de reacciones adversas a fármacos, concluyendo que la tasa de notificación global en 2019 se estimó en 80 casos por cada 100.000 habitantes.
Se entiende como reacción adversa, tal y como se explica en el informe publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, cualquier respuesta dañina y no intencionada a un medicamento, así como los errores de medicación que produzcan daño al paciente.
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