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El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha rechazado por unanimidad considerar a la eutanasia, cuya ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados, como un "derecho subjetivo" y, por tanto, incluirla como una prestación pública más.
Así lo ha señalado en el 'Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación', firmado el pasado de 30 de septiembre por los doce miembros del organismo.
El objetivo del trabajo es ofrecer una "reflexión" sobre un tema "tan complejo" como el debate de la eutanasia, especialmente en un escenario marcado por la pandemia del Covid-19 que ha evidenciado, a juicio de los miembros del Comité de Bioética, la necesidad y la "urgencia" de implementar una "verdadera sociedad del cuidado", que se haga cargo de la "vulnerabilidad" de la condición humana y de la importancia de incorporar a las personas mayores en la agenda política desde "otra reivindicación mucho más humana".
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El Foro de la Profesión Médica ha mostrado su apoyo a la convocatoria de una huelga nacional de médicos por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en protesta por el Real Decreto Ley 29/2020 que permite contratar médicos sin especialidad y extracomunitarios. La representación del sector médico ha pedido la retirada de la norma. Aseguran que supone una “agresión a la seguridad de los pacientes y a la dignidad profesional”.
Los representantes de la profesión médica se reunieron este martes y tacharon de “inaudita la actitud del Ministerio de Sanidad”. “Persiste en su postura de no tener en cuenta las demandas reiteradas de una reunión que aporte propuestas a la difícil situación a la que nos enfrentamos desde el compromiso y la responsabilidad de la profesión médica”, señala el Foro. Aseguran que en la última semana han enviado tres peticiones a Salvador Illa, ministro de Sanidad, “para sentarse a dialogar” y abordar los problemas del sector. “Todas ellas sin obtener respuesta”, han lamentado.
El Foro de la Profesión Médica, conformado por el propio sindicato CESM, además del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), afirma que respaldará “todas las actuaciones que tengan como fin revertir esta situación”, incluida la huelga.
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Más de un tercio (35%) de los profesionales sanitarios que fueron atendidos en el servicio telemático de apoyo psicológico (TAP) durante la pandemia son médicos, seguidos muy de cerca enfermeras (34%) y auxiliares de enfermería (12%). Esta iniciativa, de la que forma parte la corporación médica, se puso en marcha para atender a los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de Covid-19.
Auspiciada por la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña), los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psicología de España junto al Ministerio de Sanidad y la Fundación Bancaria La Caixa, se trata de una plataforma telemática específica de atención en salud mental que desde el inicio ha realizado más de 2.900 intervenciones, atendiendo a casi 900 profesionales, con una media de 4 intervenciones por profesional, según los datos facilitados por la Fundación Galatea.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana sábado, 10 de octubre, la Fundación para la Protección Social de la OMC pone de relieve el refuerzo de la atención a las necesidades de apoyo emocional y atención psicológica a los médicos que lo requieran con motivo de la pandemia, tanto desde el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), como desde otros dispositivos activados a tal fin; así como este servicio de apoyo telemático psicológico.
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El Tribunal Supremo ha determinado que en el inicio de la pandemia de coronavirus no hubo "inactividad" por parte del Ministerio de Sanidad pero sí faltaron medios de protección para los profesionales sanitarios. El Supremo ha dado a conocer este jueves su sentencia en respuesta a un recurso presentado el pasado 26 de marzo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por un supuesto incumplimiento del real decreto del 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma.
El CESM acusó al Ministerio de Sanidad de incumplir el artículo 12.4 del real decreto, que establece "la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria".
La pretensión del CESM era que el Supremo declarara que el Ministerio incumplió las obligaciones recogidas en dicho precepto "al no haberse adoptado las medidas inmediatas y eficaces para proveer del material necesario para proteger a los sanitarios" y que con ello lesionó sus derechos fundamentales "generando un extraordinario riesgo para su vida e integridad física y moral".
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