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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 24 países de todo el mundo están promoviendo un nuevo tratado internacional para afrontar futuras pandemias y adaptar el actual Reglamento Sanitario Internacional para compartir investigación y vacunas. España forma parte del grupo promotor en el que, de momento, no aparecen las tres primeras potencias.
“Ha llegado el momento de actuar y empezar a planear la respuesta a la próxima pandemia”, declaró el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Y es que los mandatarios están convencidos de que se avecinan otras crisis sanitarias.
El objetivo es aprender de todos los errores y carencias que ha puesto sobre la mesa la Covid-19, como la escasa cooperación internacional, la influencia de la geopolítica o la poca capacidad para reaccionar con rapidez y de forma coordinada.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, conocida como ley de 'nueva normalidad', que fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Entre las medidas contempladas en el texto del BOE, que entran en vigor hoy y se mantendrá hasta que acabe la pandemia, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.
En cualquier caso, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el reparto de 283 millones de euros entre las comunidades autónomas para el Sistema de Apoyo y Atención a la Dependencia (SAAD), y que permitirán comenzar con el plan de choque para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones.
De esta manera echará a andar este plan de choque, que pretende dar un vuelco a los cuidados con, entre otras cuestiones, una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17% y la recuperación del nivel acordado, además de establecer objetivos prioritarios de mejora del SAAD para los próximos años, entre los que destacan reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes.
El plan también pretende introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen una atención más adecuada de las personas dependientes. También aspira a un nuevo modelo residencial con centros más pequeños y fortalecer en gran medida la teleasistencia avanzada, de forma que muchos mayores y dependientes puedan seguir viviendo dignamente en su hogar.
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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) de España, Dr. Tomás Cobo, como parte de su agenda de encuentros institucionales, mantuvo ayer una reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la que han compartido su preocupación por la escasez de vacunas a disposición de las Comunidades Autónomas, y por el riesgo de que se produzca una cuarta ola después de la Semana Santa, dada la tendencia al alza de la curva de contagios en los últimos días y el previsible aumento de la movilidad y de la interacción social en las próximas fechas festivas.
El nuevo responsable del CGCOM ha asistido a la cita con el jefe del Ejecutivo regional acompañado por el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, el Dr. Javier Hernández de Sande.
Revilla y el Dr. Cobo mantuvieron ayer un encuentro protocolario en la sede del Ejecutivo cántabro tras la reciente toma de posesión de este último al frente del CGCOM, reunión en la que han realizado un repaso a la evolución de la crisis sanitaria tanto en Cantabria como en el conjunto de España y han hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad ciudadana.
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