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El Dr. Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana, expuso al Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) analizó la situación actual de la Atención Primaria en España y manifestó que “las diferencias en actividad, plantillas y cargas de trabajo en AP entre las CCAA propician que la atención sanitaria no se realice en condiciones de igualdad”
Según datos de 2018, en España había 13.122 centros de Atención Primaria, 169 Áreas y 2.726 Zonas Básicas de Salud para atender a casi 46 millones de personas protegidas. Se contaba con 86.641 profesionales en las plantillas de Atención Primaria, de ellos 29.086 médicos de familia, 6.415 pediatras, 30.499 enfermeras y 20.641 personal no sanitario. En el último año se han incrementado 106 plazas de médicos de familia, se han perdido 14 plazas de médicos pediatras, mientras han crecido las plazas de enfermería en 837 y en personal no sanitario se han incrementado 255 plazas. El Dr. Matas apuntó que “hay que dejar muy claro que no siempre las plantillas están cubiertas o mejor dicho casi nunca”.
En 2015 se realizaron 351 millones de consultas atendidas en el centro (199.057.748 los médicos de familia, 31.545.020 los pediatras y 120.562.722 los enfermeros). Con unas cargas de trabajo diarias medias, calculadas con las plantillas al completo (muchos días no están al completo), que suponen para los médicos de familia 27,71 consultas al día, para pediatría 19,91 consultas diarias y 16,00 para los enfermeros. La gran mayoría de la actividad se realiza en el centro, pero es muy importante también la que se hace en el domicilio del paciente, en concreto 3.187.336 visitas en el caso de los médicos y 9.745.611 en el caso de Enfermería.
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El Foro de la Profesión denuncia que la asignación de plazas se ha hecho sin planificación
La reunión del Foro de la Profesión este miércoles ha puesto de manifiesto el descontento de sus miembros con las últimas acciones de la Administración, a la que acusa de no tenerles en cuenta para tomar decisiones que les afectan, y que los pasos dados se han hecho sin planificación alguna.
Uno de los principales aspectos de esta tensión es el de la formación especializada. Según Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y portavoz del Foro, no se ha tenido en cuenta las aportaciones profesionales ni para el anunciado Real Decreto que la regulará, ni para la acreditación de unidades docentes, ni para decidir el número de plazas MIR que ofertarán en la próxima convocatoria.
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El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina señaló que “son muchos los rumores que se están escuchando sobre la convocatoria MIR 2019, incluso después de las decisiones tomadas el 29 de julio en la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, especialmente sobre la fecha del examen”
En julio ya se anunciaron una serie de cambios, tanto de aumento de plazas MIR como del número de preguntas del examen, a lo que ahora se suma “la incertidumbre sobre la fecha de realización del examen”.
"Muchísimos aspirantes al MIR se están poniendo en contacto con nosotras con dudas que no podemos responder por no tener información y, sobre todo, con gran preocupación", afirmaron desde el CEEM.
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El Juzgado de lo Penal nº2 de Cáceres ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de atentado a funcionario público sanitario, al considerarlo autor responsable de proferir amenazas contra una médica psiquiatra del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres
La sentencia, que está fechada el 24 de junio, es firme y no se puede recurrir, prohíbe asimismo al condenado aproximarse a menos de 50 metros de la víctima, así como de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre durante tres años, así como tampoco podrá comunicarse con esta persona directamente por cualquier medio.
Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, ha sido condenado a pagar 100 euros por los daños morales causados a la víctima, así como le impone el pago de las costas del procedimiento y le inhabilita al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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