María Requena Meana, enfermera de Onco-Hematología, máster en cuidados paliativos y enferma de cáncer con tratamiento paliativo, expone su visión sobre la atención sanitaria al final de la vida y resalta que le resulta paradójico que la solución que ofrezcan para el dolor sea la muerte

Durante esta semana hemos estado escuchando mucho sobre eutanasia sí, eutanasia no. Esta carta no va dirigida a condenar nada, ni a criticar a ningún partido político. Me parece que el sufrimiento de los pacientes que piden la eutanasia es muy profundo y su petición muy respetable. Nunca juzgaré a nadie que esté pasando por una situación de gran dolor.

En esta carta quiero compartir mi experiencia como enfermera de onco-hematología y cuidados paliativos. Estoy convencida que independientemente del partido político al que se pertenezca, casi todo el mundo sabe que la vida es mejor que la muerte, y que cuando una persona que se encuentra en una situación de grave enfermedad pide la muerte, es porque todo lo demás ha fallado y por lo tanto es un fracaso, no de la persona que sufre, sino del sistema, que no ha sabido cuidarla como se merece en esa situación.

Mañana, viernes, 21 de febrero, a las 11.00 horas el Congreso de los Diputados acogerá el primer acto del Centenario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), una celebración que estará presidida por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet

En el acto intervendrán el presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el diputado Agustín Zamarrón; y contará con la presencia de exministros de Sanidad, expresidentes del CGCOM, presidentes de los Colegios de Médicos de España, miembros del Foro de la Profesión Médica, de organizaciones profesionales sanitarias, sociedades científicas, organizaciones de pacientes, ONG y representantes de la sanidad pública y privada.

Con esta celebración del Centenario en el Congreso de los Diputados el CGCOM quiere renovar el compromiso de la profesión médica con la sociedad, en el que se enmarca la relación médico-paciente, la esencia de la Medicina que hoy se pretende que sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), en base a lo recogido en su posicionamiento sobre Acceso a Medicina reivindica la unificación de la prueba de acceso a la Universidad o Evaluación de Bachiller de Acceso a la Universidad (EBAU) en un comunicado

La Titulación en Medicina es desde hace años, una de las más demandadas por los estudiantes, tal y como lo refleja la elevada nota de corte necesaria para acceder a cualquiera de las facultades de Medicina del Estado. La gran competitividad existente entre los estudiantes para acceder a Medicina, unida a la gran presión y demanda social, hacen replantearse si la forma de acceso es la más adecuada.

Las y los estudiantes de Medicina consideramos que se deber acordar entre todas las Universidades de acceso público (de titularidad pública, privada o concertada) una forma de acceso y admisión a la Universidad homogénea para todo el Estado, de manera que independientemente de la comunidad de origen, la prueba de acceso sea la misma para todos los solicitantes que quieran acceder a un Grado universitario en España, asegurando una entrada justa y equitativa en la universidad.

Durante el proceso de donación, el juez interviene en los supuestos en los que la muerte haya dado lugar al inicio de una investigación penal sobre sus causas. En el pasado año, de los 2.302 donantes fallecidos, 426 pasaron por procedimientos judiciales, alrededor del 20 por ciento, un porcentaje que se mantiene estable a lo largo de los últimos años

Así, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), los donantes judiciales permitieron realizar 1.099 trasplantes en el año 2019. Sólo en 18 ocasiones un juez no autorizó la donación por considerar que podía interferir con una investigación judicial; es decir, en el 4 por ciento, un datos que se mantiene estable en los últimos años.
 
En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 20 por ciento de los donantes en muerte encefálica, el 51 por ciento de los donantes en asistolia no controlada y el 13 por ciento de los donantes en asistolia controlada.

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