La Asamblea Médica Mundial (AMM), en su 71ª Asamblea General ha adoptado una Declaración sobre la responsabilidad del médico en la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos. Una iniciativa en la que han trabajado conjuntamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para combatir esta lacra que viola los derechos fundamentales de miles de personas en todo el mundo y constituye un riesgo para la salud individual y para la salud pública.

De acuerdo con datos del Observatorio Global en Donación y Trasplantes, que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo. La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento se llevan a cabo en un contexto de comercialización, de tráfico de órganos. No obstante, su dimensión real aún es desconocida. Se sabe que los casos que salen a la luz representan sólo la punta del iceberg. El tráfico de órganos ocurre fundamentalmente en países en vías de desarrollo a los que viajan pacientes desesperados desde países ricos o con minorías ricas. Estos pacientes regresan posteriormente a sus países de origen para seguimiento clínico.

El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, considera que “con esta declaración pretendemos incluir en los códigos de comportamiento que el médico sea un agente activo en la promoción de los trasplantes. Se trata de una medida complementaria al trabajo que España ha desarrollado en contra del tráfico de personas, con el convenio entre la Universidad de Granada, el programa DNA-PRO-ORGAN, la ONT y el CGCOM, para promover la identificación de personas y órganos con la idea de evitar actividades ilegales” - explica.

El 47% de los profesionales sanitarios que fueron atendidos en el servicio telemático de apoyo psicológico (TAP) durante la pandemia trabajaban en hospitales, un 22% en Atención Primaria y un 10 % en residencias y centros sociosanitarios. Esta iniciativa, de la que forma parte la corporación médica, se puso en marcha para atender a los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de Covid-19 y se ha alargado hasta diciembre.

Auspiciada por la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña), los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psicología de España junto al Ministerio de Sanidad y la Fundación Bancaria La Caixa, se trata de una plataforma telemática específica de atención en salud mental que desde el inicio ha realizado más de 2.900 intervenciones, atendiendo a casi 900 profesionales, con una media de 4 intervenciones por profesional, según los datos facilitados por la Fundación Galatea.

De los datos extraídos resalta que de los profesionales sanitarios atendidos por el TAP el 37% eran médicos, y el 44% enfermeras y auxiliares. Asimismo, resalta que el 86% de las solicitantes de este servicio son mujeres; siendo la media de edad de 43 años y Cataluña la CCAA con más incidencia.

La pandemia de Covid-19 ha supuesto en la atención sanitaria una revolución en cuanto a la forma de prestar la atención a los pacientes. La necesidad de proteger a los profesionales y a los pacientes de la posible infección, al acudir a los centros de forma espontánea y desordenada con el peligro de provocar aglomeraciones, con falta de distancia y medidas de protección, ha dado lugar a nuevas formas de contacto de los pacientes con los centros, los profesionales y especialmente sus médicos.

Dentro de estas nuevas formas de contacto entre los médicos, resto de profesionales y los pacientes tienen un papel protagonista las nuevas tecnologías, la consulta telefónica, la videoconferencia y otros sistemas de comunicación que hasta ahora tenían un uso prácticamente anecdótico en la atención sanitaria.

Para compartir experiencias y proponer soluciones desde las vocalías de Atención Primaria y de Administraciones Públicas se organizan estas jornada el 5 de noviembre.

Las nuevas formas de asistencia se han impuesto de forma urgente y precipitada, por lo que es necesario estudiar detenidamente la forma de adecuarlas al día a día de los centros y mejorar la calidad de vida en el trabajo diario de los médicos, sea cual sea su ámbito de actuación.

La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Córdoba (España) ha aprobado una resolución urgente por la que demanda a los gobiernos de todo el mundo reconocer que la infección por SARS CoV-2 sea considerada como una enfermedad profesionaly que la profesión médica sea declarada “profesión en riesgo”. Asimismo, solicita que la atención a los profesionales de la salud sea una prioridad, especialmente en el ámbito de la salud mental.

Esta declaración, iniciativa de España (CGCOM), Francia (CNOM), Uruguay (SMU), Brasil (AMB), Sudáfrica (SAMA), Corea del Sur (KMA) y Australia (AuMA), quiere reconocer la lucha de la profesión médica contra la pandemia a través de esta Resolución Urgente en la que aboga por distintas acciones y consideraciones en la lucha frente a la COVID-19 como suministrar equipos y material de protección personal (EPP) suficientes para los profesionales de la salud, que permita la atención médica y garantice la disponibilidad de este material ante una situación de posibles brotes.

Asimismo, instan a los gobiernos a adoptar un enfoque multilateral y coordinado a escala global de la crisis para promover la igualdad en las intervenciones, el acceso a los servicios de salud, los tratamientos y las futuras vacunas.

Consideran imprescindible proporcionar financiamiento suficiente a los sistemas de salud para que puedan hacer frente a los costos de la pandemia y garantizar una atención médica accesible y de calidad.

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