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Amnistía Internacional lamenta que, aunque en los últimos diez años España ha incrementado el producto interior bruto (PIB) en un 8,6%, esto no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino que, al contrario, se ha reducido en un 11,21% respecto a 2009; inversión sanitaria pública por habitante también se ha reducido, hasta un 10,5%.
Del mismo modo, el porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.
Estos datos se desprenden de un informe presentado es miércoles, donde Amnistía Internacional analiza las políticas de austeridad por comunidades autónomas en una década (entre 2009 y 2018, último año con datos oficiales). La organización señala que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, España sigue recuperar la inversión sanitaria pública que tenía hace diez años.
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El 80,3 por ciento de los españoles que han solicitado atención médica debido al coronavirus en los últimos meses resultó satisfecho, según el Barómetro Especial de Julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este miércoles. Un 11 por ciento por contra se queja de la atención recibida mientras un 6,6 por ciento la califica de regular
De las 3.000 personas encuestadas solo un 7,5 por ciento ha necesitado contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus.
Acudieron mayoritariamente a su médico de atención primaria (46,9%) y al teléfono 900 que la comunidad puso para estos casos (25,9%). En mucha menor medida se dirigieron a las urgencias de un hospital (14%) o de atención primaria (7,9%) o al teléfono 061 o 112 (14,5%).
A siete de cada diez (71,7%) les indicaron que debían mantener aislamiento domiciliario, frente al 28,5 por ciento al que no le hicieron esta recomendación, si bien a un 57,5 por ciento no se le realizó la prueba del coronavirus. Un 42,1 por ciento sí se sometió a la prueba.
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a reforzar la protección legal de las personas con discapacidad tras el último Examen Periódico Universal (UPU) sobre derechos humanos, y en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha participado activamente.
Así, el organismo internacional, que busca mejorar la situación de los derechos humanos de los Estados parte y abordar las posibles violaciones de los mismos, especifica un total de 25 recomendaciones y apreciaciones respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en base a las diferentes propuestas y reivindicaciones remitidas por el Cermi a partir de un informe alternativo.
En este sentido, el Comité muestra su “satisfacción” ante la incorporación de sus demandas por parte de Naciones Unidas, que da cuenta de la “preocupación” y muestra “interés” sobre cuestiones tan importantes como la accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva, entre otras.
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