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La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) coordinó un total de 880 operativos aéreos para el transporte de órganos y equipos médicos para trasplante en 2019, lo que supone un aumento del 35 por ciento con respecto a 2016 (228 operativos más).
En concreto, en 2019 se trasladaron por vía aérea 512 equipos médicos y 1.075 órganos. Esta cifra representa el 20% del total de trasplantes realizados ese mismo año (5.449).
Este significativo aumento de los desplazamientos aéreos responde al hecho de que cada vez es más frecuente el intercambio de órganos entre comunidades autónomas, lo que implica el traslado aéreo en muchas ocasiones. En este sentido, el 24 por ciento de los órganos trasplantados en España en 2019 se habían donado en una comunidad autónoma diferente.
Además del progresivo aumento en la actividad de donación y trasplante en España, la ONT explica que la puesta en marcha de nuevos programas como el Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal para pacientes hiperinmunizados (PATHI), en el que participan hospitales de prácticamente todas las comunidades autónomas, ha supuesto un mayor intercambio de órganos entre zonas alejadas del país y, con ello, un mayor uso del medio aéreo en los últimos años.
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La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) prepara una nueva edición del Curso Básico de Cuidados Paliativos. La pandemia COVID-19 ha supuesto una toma de conciencia sobre la necesidad de incorporar conocimientos, habilidades, y una visión ética y humana a las situaciones dramáticas que todo profesional sanitario puede tener que afrontar en su tarea profesional.
El Dr. Jacinto Bátiz, director académico del curso, explica que “tradicionalmente la formación académica en Medicina se ha centrado en la curación como objetivo, lo que ha provocado que en muchos casos los profesionales carezcan de herramientas clínicas y personales, para enfrentarse a situaciones en la que no es posible curar al enfermo”.
Esta falta de formación en Medicina Paliativa suele tener consecuencias negativas para el enfermo, para su familia y para el profesional. Una de ellas es, quienes consideran que se encuentran ante una situación compleja y deciden evitarla y dejan a la persona enferma y a su familia a la libre evolución de su proceso, entendiendo además que los cuidados paliativos sólo deben ser aplicados en las fases agónicas. Una segunda, quienes consideran una situación nimia y de escasa complejidad que puede ser fácilmente manejada con unos mínimos conocimientos técnicos y la atención de los síntomas físicos. Y una tercera, quienes, ante el miedo y las reticencias a aceptar la situación, emprenden actitudes más intervencionistas y evitan la comunicación y los encuentros incómodos con el enfermo y su familia. Estas tres actitudes de abandono, autosuficiencia y miedo pueden provocar que la persona al final de la vida y su familia sufran la falta de atención integral del proceso, la falta de apoyo domiciliario y la escasez de cuidados continuados.
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La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su octavo informe, en este caso sobre el reforzamiento de la vacunación antigripal para afrontar COVID-19, en el que se realizan una serie de recomendaciones entre las que destacan que ésta se extienda y anticipe la campaña antigripal para mitigar los efectos de la COVID-19; fomentar la vacunación de la gripe entre el personal sanitario; mantener el carácter voluntario de la misma; organizar la campaña de vacunación de tal forma que se eviten aglomeraciones para disminuir riesgo de transmisión de la COVID-19 y mantener el carácter común y unificado de las decisiones de vacunación para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Para el próximo otoño-invierno es muy conveniente reducir al máximo los cuadros respiratorios; por ello es importante cualquier disminución en la incidencia de la gripe estacional. En este sentido el informe incide en que la campaña de vacunación debe ser más amplia y precoz, y focalizarse hacia la población más vulnerable COVID-19, enfatizando los mensajes al personal sanitario que suele tener una menor proporción de vacunación que la población general.
Las propuestas de hacer obligatoria la vacunación para determinados grupos sociales o colectivos profesionales, no parece ni necesaria ni conveniente en la actual situación, y tampoco parece aconsejable que estas medidas se tomen unilateralmente por parte de algunas autoridades sanitarias autonómicas, sin consensuarlas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el acceso al título de médico especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de Residencia. Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la ciudadanía. Asimismo, tendrá una repercusión positiva en la adecuación de los conocimientos profesionales de quien ejerce la Medicina Legal y Forense a los avances y medios tecnológicos actuales. Asimismo, incidirá en una mejora de la praxis pericial médica y, por tanto, dotará de mayor rigor a la Administración de Justicia que, en esta materia, precisa apoyarse en conocimientos especializados y basados en la evidencia científica.
Para la elaboración de esta norma se ha contado con las comunidades autónomas. Además, el texto ha sido sometido al Consejo Médico Forense, a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y al Consejo General del Poder Judicial. El sistema de Residencia para el acceso a este título comprenderá formación tanto teórica como práctica en un período formativo de cuatro años que serán cursados en las unidades docentes acreditadas de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias transferidas y también en los centros hospitalarios de referencia.
Dicho programa formativo, que será elaborado y actualizado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Legal y Forense, recogerá la obligación de que los residentes realicen períodos de rotación durante dos años. La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad será la encargada de resolver las solicitudes de acreditación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como unidades docentes para impartir la formación especializada. Y, el acceso al sistema formativo de Residencia para la obtención del título de especialista en Medicina Legal y Forense se realizará mediante la convocatoria pública anual de carácter nacional.
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